"Nuestra comunidad es importante para nosotros": Los indígenas de Perú continúan con la ocupación parcial de la mina

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Publicado: Miércoles, 30 Noviembre -0001 01:00

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La comunidad indígena de Fuerabamba acusa a la empresa minera china de incumplir los acuerdos y reclama sus tierras. Las Bambas es la mina de cobre más importante del país y produce el uno por ciento del producto interior bruto total. El Estado peruano concedió los derechos mineros en 2014 a un consorcio de tres empresas mineras chinas. La australiana Minerals and Metals Group (MMG), filial de la estatal China Minmetals, tiene la participación mayoritaria del 62,5%.

Perú es el segundo exportador mundial de cobre, después de Chile. En contra de los acuerdos anteriores, la mina de cobre va a aumentar considerablemente su volumen de producción en el futuro. Las comunidades preocupadas temen que se produzcan daños medioambientales de gran alcance. Desde mediados de abril, miembros de la comunidad indígena de Fuerabamba ocupan las tierras que habían vendido a la mina para ampliar el proyecto. Según los manifestantes, la empresa minera MMG no ha cumplido su parte del trato, por lo que ahora exigen que se les devuelvan las antiguas tierras de la comunidad. Según dijo Vargas a Ojo Público, MMG sólo ha cumplido 48 de las 171 obligaciones, y aún está pendiente la indemnización de 180 hectáreas. La ocupación ha paralizado las actividades de la mina desde el 20 de abril. No es la primera falta de confianza de la empresa. Desde 2015, ha habido protestas periódicas contra Las Bambas. En repetidas ocasiones, el operador de la mina ha cambiado los planes y ha roto los acuerdos con la población local, que en un principio había aceptado la construcción de la mina. La intervención de las autoridades de seguridad ya se ha cobrado varias vidas en el pasado. En enero, un bloqueo comunitario del complejo minero que había durado varias semanas terminó cuando se llegó a un acuerdo para gestionar una carretera de acceso muy transitada. La semana pasada fracasó una disolución policial del campamento de protesta indígena, y los miembros de las comunidades de Fuerabamba y Huancuire siguen resistiendo. La ley peruana prohíbe a las fuerzas de seguridad del Estado disolver por la fuerza una ocupación de tierras una vez transcurridos 15 días. Una vez transcurrido este plazo, se debe encontrar una solución mediante el diálogo o, si es necesario, una decisión judicial.